La oposición dialoguista endurece su posición y va por la recomposición de las jubilaciones y el financiamiento universitario

La predisposición que mostraron los bloques dialoguistas en la Cámara de Diputados a aprobar –no sin modificaciones- el proyecto de Ley Bases y el paquete de reformas fiscales se trocará, a partir de ahora, en una actitud más ofensiva. Cumplida su parte al concederle al Gobierno las herramientas que requería para gestionar, ahora los opositores buscarán instalar su propia agenda con vistas al electorado que lo votó y siente los rigores del ajuste de la gestión de Javier Milei.

Después de todo, así es la política: una de cal y otra de arena. No pasaron dos días de la media sanción de los dos proyectos oficialistas que los opositores, reunidos en la Comisión de Educación, le mandaron un aviso al Gobierno: si no ofrece pronto una propuesta de mejora presupuestaria a las universidades nacionales, el Congreso –que tiene facultades constitucionales de fijar el presupuesto anual- impulsará una ley propia. El financiamiento de la educación superior fue un compromiso que suscribieron casi todos los candidatos presidenciales –incluida Patricia Bullrich- durante la campaña. La excepción fue Milei.

La recomposición de los haberes jubilatorios es otro de los desafíos que acometerán los opositores. Del ahorro total generado por el Estado en el primer trimestre, el 38% corresponde a la licuación de los gastos en jubilaciones y pensiones, que sufrieron una caída del 35% real en estos tres meses. Merced a este “ahorro” Milei pudo ufanarse por cadena nacional de haber alcanzado superávit financiero el primer trimestre, un “un hito que no tiene parangón en la historia del mundo occidental”.

Los opositores creen que llegó la hora de equilibrar los esfuerzos. En la Comisión de Previsión ya despacharon tres dictámenes para recomponer el poder adquisitivo de las jubilaciones, no solo los de la mínima. José Luis Espert, celoso custodio de la Comisión de Presupuesto, intentó imponerle un cepo al debate, sin éxito: una mayoría opositora lo conminó a citar para este miércoles a la comisión. En un último intento dilatorio, Espert avisó que no hará nada hasta que la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) no informe sobre el impacto fiscal de esos tres dictámenes opositores.

Buenas (o malas) noticias para Espert: el jueves pasado la OPC ya dio su veredicto sobre las tres propuestas que despachó la Comisión de Previsión. No hay motivos, entonces, para darle largas al asunto, avisan los opositores.

Impactos fiscales

En la Comisión de Presupuesto se discutirán cuatro propuestas. La del oficialismo replica el DNU 274/24 del Ejecutivo que, en líneas generales, propone que a partir de julio se aplique una fórmula de movilidad actualizada mes a mes por inflación. Hasta entonces, se otorgarán adelantos a cuenta de la movilidad que resulte de la fórmula hoy vigente (la aprobada durante la gestión de Alberto Fernández) y un incremento extraordinario de 12,5% ya otorgado abril.

Según la OPC, el costo fiscal de esta fórmula –que se aplicaría tanto a las jubilaciones como a las pensiones no contributivas y las asignaciones familiares- será de 7,14 puntos del PBI para todo el ejercicio 2024, bonos incluidos. El haber jubilatorio mensual sería, en promedio, de $248.846 más bonos por $88.047.

Los tres dictámenes opositores tienen como denominador común el reconocimiento de los 8 puntos que perdieron los haberes jubilatorios por el fogonazo inflacionario de enero pasado (20,6%); el Gobierno solo reconoció el 12,5% de esa suba.

Más allá de este punto en común, los tres dictámenes guardan ciertas diferencias:

• La UCR y Hacemos Coalición Federal proponen una fórmula de movilidad a actualizarse mensualmente en base al último Índice de Precios al Consumidor (IPC). Incluye un aumento adicional a aplicarse en marzo de cada año, consistente en un 30% de la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) por sobre la variación del IPC del último año, siempre que esta resulte positiva. Establece, además, que ningún haber mínimo puede quedar por debajo del valor de la Canasta Básica Total (CBT) por adulto.

Según la OPC, este dictamen tendría un impacto fiscal –con el bono compensatorio por canasta básica- de 7,57 puntos del PBI (contemplando haberes jubilatorios, asignaciones familiares y pensiones). Sería superior en 0,4 punto del PIB respecto del dictamen oficialista. El ingreso jubilatorio mensual sería de $263.512 más el bono compensatorio de $107.166.

• Unión por la Patria institucionaliza el bono de $70.000 para los haberes mínimos e incluye un aumento por única vez del 30% para todas las prestaciones, “de forma tal de compensar lo perdido en los últimos meses”. Preserva la actual fórmula de movilidad, de actualización trimestral, basada en el promedio entre la variación de los recursos tributarios de la ANSES y la de los salarios, pero incluye el componente inflacionario: todos los meses se harán adelantos en función del IPC. Si al momento de la actualización trimestral la fórmula actual arroja una movilidad mayor que la de la inflación, se otorgará la diferencia.

Según la OPC, esta propuesta tendrá un costo fiscal de 9 puntos del PBI, es decir 2,14 superior a la del oficialismo. Eso sí, el haber promedio llegaría a $391.772

• Por último el dictamen del Frente de Izquierda tendría el mayor impacto fiscal: según la OPC sería de 14 puntos del PBI. En efecto, esta bancada propone una fuerte suba del haber mínimo ($685.041 para los jubilados y pensionados), mientras que los haberes superiores al mínimo deberían ser actualizados proporcionalmente a dicho incremento respetando las escalas.

Espert intentará frenar la recomposición jubilatoria con un argumento que ya esgrimió en una entrevista a LA NACION: no autorizarán ninguna suba del gasto público sin la correspondiente contrapartida en recursos. Tal vez sin darse cuenta, Espert encontró la solución al problema cuando, en la sesión pasada, accedió a incorporar un artículo en el paquete fiscal a propuesta de Nicolás Massot, de Hacemos Coalición Federal.

Ese artículo insta al Gobierno a que en 60 días presente un proyecto de ley tendiente a incrementar los recursos corrientes de la administración en hasta un 2% del PBI mediante la supresión o modificación de exenciones tributarias y beneficios impositivos que gozan distintas empresas y actividades. “Aquí puede estar la fuente de financiamiento para compensar a los jubilados”, desliza Massot.