Uno por uno: cuáles son los impuestos que podrían subir tras el acuerdo con el Fondo

En las vísperas del anuncio de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la coalición opositora -imprescindible para lograr la aprobación en el Congreso- advirtió: “No votaremos nada que aumente los impuestos”. Es, entre otras razones, el motivo por el pidieron que se quite del proyecto de ley todo el programa económico que diseñó el ministro de Economía Martín Guzmán con el FMI. De esa manera, Juntos por el Cambio no “convalidaría” un incremento de la presión impositiva. La responsabilidad recaería solamente en el Presidente, que daría luz verde al convenio con un decreto.

Cualquiera sea la vía (parlamentaria o por medio del Poder Ejecutivo), las consecuencias de la implementación del programa serán las mismas. El acuerdo busca engrosar la recaudación del Estado a través de distintos mecanismos. Aunque no genera nuevos impuestos, produce cambios en algunos ya existentes e incentiva a la AFIP a aumentar controles para generar más ingresos reduciendo los “altos niveles de incumplimiento” y mejorando la gestión de riesgo de los contribuyentes. En resumen, que más personas paguen los impuestos que ya existen y no se cobran por la informalidad y mecanismos de evasión, entre otros.

“El acuerdo cierra con mayor presión tributaria. De eso no hay dudas. Tampoco hay ninguna reducción del gasto, ni siquiera en subsidios. Usan el revalúo para aumentar indirectamente Bienes Personales y con el cambio de cómputo del ITC. El resto es por mejora en el cumplimiento”, argumentó Martín Tetaz, diputado de Juntos por el Cambio.

El acuerdo busca una “reducción del déficit fiscal gradual basada en la recuperación y el crecimiento de los recursos, que tengan como eje vector una política tributaria progresiva”. También dice: “Tal sendero incluye un conjunto equilibrado de medidas de gastos e ingresos, para sostener una política fiscal moderadamente expansiva en términos reales”.

Si bien hay recorte de recursos en múltiples sectores, como en la obra pública, donde se implementarán criterios más ajustados para la selección de proyectos, o las transferencias discrecionales a las provincias, el discurso oficial del memorándum prioriza mejorar los ingresos antes que reducir los gastos.

La porción tributaria del acuerdo tiene dos partes principales. Por un lado, la AFIP quedaría comprometida a la elaboración de un Plan Estratégico a 2025, con la “asistencia técnica” del FMI para mejorar la recaudación. Por el otro, el memorándum obliga al Gobierno a introducir cambios en algunos impuestos.

La cartera que conduce Mercedes Marcó del Pont ya está trabajando en el plan. Fuentes del organismo aseguraron a LA NACION que la hoja de ruta estará publicada antes del fin de este mes. El objetivo es enfrentar “los altos niveles de incumplimiento”. No es menor. El FMI cree que generará un adicional de recursos equivalente al 0,3% del PBI. Hacia 2025, se busca recaudar 1% del PBI adicional con este “plan de gestión de riesgo”.

“El Gobierno busca reducir la evasión. Implica mejorar la tecnología, los informáticos, softwares predictivos. Sin embargo, la recaudación del IVA, por ejemplo, se mejora combatiendo la informalidad en la actividad económica. Abre un debate más intenso: el perro que se muerde la cola. Hay informalidad porque hay presión fiscal y hay presión fiscal porque hay informalidad. Este acuerdo genera mayor presión tributaria y compromete más a los sectores informales. Son los que van a padecerlo más”, explicó César Litvin, socio del estudio Lisicki Litvin & Asociados.

Impuesto a los bienes personales

La exposición de motivos del acuerdo, redactada por Martín Guzmán, celebra la decisión de haber incorporado dos tramos adicionales al impuesto sobre los bienes personales. En diciembre del año pasado, se elevó el mínimo no imponible de $2 millones a $6 millones y se introdujeron dos escalas nuevas. Aquellos con patrimonios superiores a $100 millones estarían gravados con una alícuota de 1,5% y los mayores a $300 millones, con una de 1,75%.

A través de este impuesto habrá mayor presión tributaria por medio del revalúo inmobiliario. La valuación fiscal de las propiedades tiene relación directa con el monto que los contribuyentes deben pagarle al fisco en concepto de Bienes Personales. Por lo tanto, si el Organismo Federal de Valuaciones de Inmuebles (O.Fe.V.I) sube la tasación, sube también el monto sobre el cuál se cobra la alícuota.

En el corto plazo, se anunció que serán revaluadas 597.000 propiedades a nivel federal. Según cálculos de consultoras privadas, cuadruplicará el valor de los inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires. Litvin explicó que un departamento de 100 metros cuadrados en CABA tendrá un incremento de 567% en el impuesto a los bienes personales. Hoy paga $73.000. Tras el revalúo, pagará $415.000.

“Lo de CABA es terrible. Multiplica la valuación por cuatro. Va a ser la única jurisdicción”, explicó Ricardo López Murphy, diputado de Juntos por el Cambio, a LA NACION. El legislador, que pertenece a la Comisión de Presupuesto, dijo que “el programa implica un aumento descomunal de impuestos para los porteños”.

El acuerdo contempla que el Gobierno, en conjunto con las provincias, avance con más revalúos en los próximos años. La aplicación de las revaluaciones generará 0,1% del PBI más para el fisco este año y se espera duplicar la cifra en los años siguientes. Este impuesto es coparticipable, por lo que mejorará las arcas públicas de las provincias también.

Impuestos inmobiliarios y sellos

El revalúo tendrá un impacto sobre los impuestos inmobiliarios y sellos, que deberán ser tenidos en cuenta a la hora de la compra-venta de un inmueble. Estos tributos corresponden a las provincias y el impacto en sus arcas no está estimado. Dependerá de dónde haya más subas en la tasación y el estado actual de cuentas del distrito.

Impuesto a los combustibles fósiles

El impuesto sobre los combustibles fósiles es uno de los que sufrirán mayores cambios a partir del acuerdo. Sin embargo, para poder cumplir con la meta fijada por el FMI, se requerirá una ley. En 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, se introdujo una modificación -a través del Congreso- para cobrar el tributo por un monto fijo en pesos por unidad de medida. Antes de esta norma, el sistema era de alícuotas ad valorem. Es decir que, entre más unidades de medida, mayor la alícuota que debería pagarse. A ese sistema quiere volver el Gobierno.

“Si bien el monto fijo contempla un mecanismo de actualización trimestral de acuerdo a la evolución del IPC, la aplicación de este esquema, basado en experiencias internacionales ajenas a la economía de nuestro país, generó una sensible pérdida en la recaudación”, expuso Guzmán. De acuerdo con el ministro, se perdió el equivalente a 0,3% del PBI para el fisco. Este impuesto también es coparticipable. De lograrse el cambio, mejorará las finanzas provinciales. Estos cambios podrían provocar subas en el precio de la nafta y el gas.

Derechos de exportación y aduaneros

Sobre los derechos de exportación no hay medidas puntuales, pero sí una pista. “Se buscará continuar y profundizar esta política de ir hacia un esquema progresivo que contemple menores alícuotas para aquellos productos que contienen un mayor valor agregado local”, explica el documento con el fondo. Las dos medidas a las que se refiere son:

• El establecimiento de límites máximos para los derechos de exportación de productos primarios, hidrocarburos, minería, productos agroindustriales, bienes industriales y servicios.
• Alícuotas, posiciones arancelarias especiales y regímenes especiales para la industria automotriz, las economías regionales, agroindustria, régimen para pymes y productos orgánicos.

El FMI le pidió a la AFIP que haga especial foco en los impuestos aduaneros. El plan que deberá presentar antes del fin de marzo debería contener medidas específicas para mejorar la recaudación identificando brechas de cumplimiento.

Impuesto a las transacciones financieras

Con el objetivo de “promover una mayor inclusión financiera y ampliar el alcance de los servicios financieros, en particular por los medios de pago electrónicos”, el Gobierno se comprometió a no crear nuevos impuestos a las transacciones financieras ni a aumentar los ya existentes. Esto incluye el impuesto a los créditos y débitos bancarios. La motivación detrás de esta medida se relaciona con que el Gobierno quiere mejorar la recaudación y para eso necesita reducir la informalidad. Sería contradictorio que pusiera más “trabas” al comercio electrónico.

IVA y Ganancias

Uno de los “parámetros de referencia estructural”, es decir, uno de los objetivos que el Gobierno debe cumplir antes de determinada fecha, es “un plan de acción detallado y sujeto a plazos, que se centrará en detectar brechas de cumplimiento y en mejorar la gestión del riesgo de cumplimiento de los principales impuestos internos y derechos aduaneros” en comunicación con el FMI, antes del fin de agosto de este año.

El IVA y el impuesto a las ganancias son dos de los principales tributos en la mira. En el caso del primero, de acuerdo con el Ministerio de Economía, la brecha tributaria indica que en 2019 se alcanzó el 34,3% de la recaudación potencial del impuesto. Durante la pandemia, se estima que llegó al 38%.

“Dados estos niveles de incumplimiento en el impuesto de mayor peso en la recaudación tributaria nacional, y buscando ser realistas en la fijación de metas alcanzables, se espera que la aplicación de estas mejoras en la eficiencia de los procesos de la administración tributaria pueda generar un 0,3% del PBI de recaudación adicional en 2023″, indica el memorándum.

Ingresos Brutos

Se promoverá el intercambio de información entre la AFIP y las administraciones tributarias provinciales para “mejorar las capacidades de gestión y el cumplimiento tributario de los tres niveles de gobierno”, dice el documento. “También se avanza en la armonización del funcionamiento de regímenes de retención, percepción y recaudación, y de los procedimientos de devolución del impuesto a los ingresos brutos (II.BB.)”, agrega el documento.

El 27 de diciembre del año pasado se firmó el Consenso Fiscal 2022 entre la mayoría de los gobernadores (excepto la Ciudad de Buenos Aires, La Pampa y San Luis) y Alberto Fernández.

El documento estableció alícuotas máximas para distintos impuestos como Ingresos Brutos, Sellos, Automotor e Inmobiliario. En muchos casos, se trataron de topes superiores a los habilitados hasta ese momento, lo que allanó el camino para que las provincias aumenten.

La motivación detrás de ese Consenso Fiscal fue opuesta a la de 2017, cuando lo promovió el exministro de Economía Nicolás Dujovne. Durante la presidencia de Mauricio Macri se buscó reducir la carga impositiva de las provincias. Por ejemplo, la alícuota de Ingresos Brutos promedio en ese año era de 3,38%, según un informe del Ministerio de Finanzas de Córdoba. En cuatro años bajó 0,45 puntos porcentuales.

El acuerdo busca implementar una mayor progresividad en estos impuestos, “homogeneizando la carga tributaria de los II.BB., Sellos e Inmobiliario”.

De acuerdo con Litvin, implica una alícuota superior a medida que sube el nivel de venta, en una misma actividad -política tributaria que fue desestimada por la Corte Suprema- y mayores alícuotas de acuerdo a distintas actividades.

Todavía no se puede estimar el impacto de las medidas contenidas dentro del acuerdo para los contribuyentes. Sin embargo, los especialistas coinciden que los objetivos de recaudación son ambiciosos y necesariamente tendrán un impacto en la presión tributaria. En definitiva, el FMI estableció metas de cumplimiento que implican varios puntos sobre el PBI. De algún bolsillo tienen que salir para poder llegar a las arcas del Estado.