“Desatino”: siguen los reclamos en contra de la derogación de la ley que fija un precio único de venta de los libros

En una carta abierta dirigida ayer a diputados y senadores, además de la opinión pública, representantes de asociaciones y cámaras del sector del libro volvieron a expresar su preocupación por la propuesta oficialista de derogar la ley 25.542 en defensa de la actividad librera, sancionada en 2001, que establece un precio de venta uniforme de los libros en todo el país. El comunicado se emitió antes de que empezara el debate por la “ley ómnibus” en la Cámara de Diputados y luego de una declaración de la Cámara Argentina del Libro (CAL), titulada “Mitos y verdades de la Ley de Defensa de la Actividad Librera”.

En el nuevo dictamen modificado, el artículo en cuestión es el 55°, incluido en el capítulo de “desregulación económica” del proyecto; no en el de cultura. Quedan fuera del alcance de la ley actual los libros usados, los artísticos, antiguos y de colección; los descatalogados y de saldo, y los títulos en preventa para financiar el costo de la edición.

“Las librerías de todo el país insistimos en nuestra preocupación ante el desatino del megaproyecto denominado ‘Ley Ómnibus’, que llama a derogar, en su actual art. 55, la Ley 25.542 de Defensa de la Actividad Librera”, comienza la carta, que a continuación informa sobre diferentes puntos.

“Dicha ley no representa ningún gasto para el Estado. Solo establece que cada productor de libros (editor) o importador fije un precio a cada título y cada vendedor (librerías, tiendas online) lo respete -se puntualiza-. Vigente desde 2002 (y similar a otras, anteriores, que rigen en Alemania, Francia, España y una veintena de países), no fue impuesta por ningún gobierno, sino que se trató de un acuerdo entre todos los actores del libro. En Argentina el consenso sobre esto es amplísimo, y abarca librerías pequeñas y cadenas”.

Los firmantes sostienen que la ley “ha demostrado su influencia positiva tanto en la cantidad como en la diversidad de libros que se producen, venden y circulan”.

“Ha generado sana competencia, crea y sostiene puestos de trabajo, y fomenta la fuerza cultural del país. Los beneficios también inciden en otras áreas, como la economía del conocimiento y el importante turismo cultural del que somos receptores. Según datos de la CAL, desde la implementación de esta ley, la producción de novedades editoriales ha tenido un incremento del 200%, se ha triplicado la cantidad de librerías y han surgido más de 200 editoriales PYMES”.

Hay un comentario sobre los precios de los libros, que los lectores consideran elevados en relación con el ingreso promedio de la población (que no es muy alto). “La razón por la cual los libros sostienen un precio por encima de la inflación es porque el precio del papel ha aumentado un 70% en el último bimestre y un 300% durante el último año -se informa-. El papel representa el 60% del costo del libro, por lo que resulta evidente que el problema del precio del libro viene directamente del costo del papel. La experiencia internacional, sólidamente documentada, prueba que cuando se suprimen leyes semejantes los precios de los libros aumentan, no disminuyen, perjudicando de este modo a los lectores y a todos los participantes del ecosistema editorial: escritores, ilustradores, traductores, editores, correctores, diseñadores, distribuidores y librerías”.

“Confiamos en cada uno de ustedes, en sus experiencias personales y su formación, que los llevó a ser representantes del pueblo en el Congreso -concluye la carta dirigida a los legisladores-. Confiamos en que ninguno de ustedes quiere un país con menos libros. Les solicitamos, en consecuencia, que rechacen la derogación de la Ley 25.542″.

Consultado por LA NACION, el diputado radical Martín Tetaz sostuvo que había consenso para la derogación de la ley 25.542. Como él, representantes de otros sectores políticos dieron a entender que al oficialismo le faltarían los votos para derogarla; lo mismo señalaron representantes de la CAL que, en las últimas semanas, se reunieron con legisladores de distintas fuerzas políticas, excepto de La Libertad Avanza.

Si bien la Cámara Argentina de Publicaciones, que agrupa a los grandes grupos editoriales entre sus socios, no se expidió formalmente sobre la derogación de la ley, en su cuenta de redes sociales comparte noticias a favor de las pequeñas librerías. Incluso la cadena de librerías Cúspide, del Grupo Clarín, se expresó en su página web en contra de la derogación de la ley 25.542.

Firman la carta Asociación Argentina de Traductores e Intérpretes, Asociación de Dibujantes de Argentina, Asociación de Literatura Infantil y Juvenil Argentina, Bibliotecas Populares en lucha, CAL, Cámara de Libreros y Editores Independientes, Cámara Argentina de Librerías Independientes, Cámara Argentina de Papelerías, Librerías y Afines, Carrera de Edición de la Universidad de Buenos Aires, Colectivo de Literatura Infantil y Juvenil, Feria de Editores, Fundación El Libro, Frente de Soberanía Cultural, Red de Librerías Independientes (México), Cooperativa Typeo y la Unión de Escritoras y Escritores de Argentina.

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