Tras la polémica del “antes y después”. Piden explicaciones a la Ciudad por los operativos de limpieza urbana y la identificación de personas

El Ministerio Público de la Defensa de la ciudad de Buenos Aires realizó un pedido de informes al gobierno porteño para que responda, de forma urgente, sobre los operativos de limpieza urbana que se están realizando en el espacio público y en sitios donde suelen permanecer personas en situación de calle. La medida surge luego de la polémica generada por un posteo en redes sociales del jefe de Gobierno, Jorge Macri, que luego borró las imágenes más controversiales.

En su perfil de Instagram, Macri había publicado algunas piezas que combinaban dos imágenes, del antes y después de la limpieza del espacio público realizadas por cuadrillas que levantaban las pertenencias de las personas y, luego, higienizaban con chorros de agua a presión. En la foto del antes se veían las ranchadas o a la gente durmiendo en bancos públicos; en la imagen del después, los sitios sin nada ni nadie.

El pedido de informes, solicitado por la Defensora General de la Ciudad, Marcela Millán, fue impulsado por la sospecha de que los operativos podrían afectar gravemente derechos constitucionales de las personas en situación de calle y por la reciente puesta en funcionamiento del “protocolo de atención a personas en situación de vulnerabilidad habitacional con padecimientos de salud mental y/o consumo problemático”.

La nota, enviada ayer, solicita que se detallen las intervenciones realizadas en relación con personas en situación de calle con la indicación de los domicilios, la cantidad de individuos abordados y soluciones habitacionales ofrecidas. También se pide explicación de dónde y cómo se registran las intervenciones, la cantidad de Centros de Inclusión Social (CIS) gestionados por el gobierno porteño y cantidad de plazas disponibles, así como también las derivaciones realizadas a estos centros.

El Ministerio Público de la Defensa pretende indagar sobre las soluciones habitacionales ofrecidas en el caso de adultos mayores y de personas con discapacidad, así como en los casos de personas no autoválidas; las derivaciones realizadas a efectores de salud mental, las medidas adoptadas para garantizar la intervención de profesionales capacitados en materia de salud mental; las políticas habitacionales y de cuidado y atención de la salud mental que se implementan hacia las personas con padecimientos mentales; y si existen instancias de articulación con el Instituto de la Vivienda de la Ciudad para dichas políticas habitacionales.

El pedido de informes pone bajo análisis los protocolos, los modos y los mecanismos en que se realiza la identificación de las personas en situación de calle y el registro de tales identificaciones. También sobre las actividades de capacitación realizadas con las fuerzas de seguridad para su implementación.

En la presentación, el Ministerio Público de la Defensa destaca que, en su carácter de órgano constitucional de protección de derechos, tiene el deber de recordar que las acciones estatales deben realizarse con un estricto apego al sistema de protección de derechos humanos, considerando con especial atención la situación de personas y grupos en situación de vulnerabilidad social.

La Defensa Pública señala que, en especial, “debe evitarse la estigmatización de las personas en situación de calle y es necesario desarrollar políticas públicas que garanticen efectivamente el derecho a la vivienda digna, de manera que el Estado promueva soluciones de fondo a la grave problemática habitacional de la Ciudad”. Y agrega: “Del mismo modo, y en relación a las políticas de salud mental, es necesario que las mismas tengan una perspectiva integral fundada en los derechos humanos, y que los abordajes sean llevados a cabo exclusivamente por efectores de salud, con personal y profesionales idóneos y debidamente capacitados”.

Polémica y respuestas

La polémica se originó entre el miércoles y jueves con los posteos en el perfil de Instagram del jefe de Gobierno que daba cuenta de los operativos de limpieza que se realizaban en Palermo y Recoleta. En este contexto, Macri difundió una serie de fotos que muestran “el antes y el después” de la intervención de los trabajadores del gobierno de la ciudad, que desalojaron a las personas en situación de calle y lo catalogaron como “limpieza del espacio público”.

“La calle no es un lugar para vivir. Y la Ciudad tiene un sistema de atención que incluye paradores para las personas en situación de calle”, había publicado Macri junto con algunas imágenes que luego fueron borradas. Desde la Ciudad admitieron que se trató de un error de comunicación.

Sin embargo, eso no impidió que el tema generara repercusión en redes sociales. Una de las primeras personas en opinar fue María Migliore, exministra de Desarrollo Social de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta y compañera de gabinete de Macri. “Las personas no son basura, no son descartables. No son algo que tenemos que limpiar”, escribió en su cuenta de X.

Además, el diputado nacional Leandro Santoro (Unión por la Patria-Capital) cuestionó al alcalde por poner en la misma línea a la basura y a las personas en situación de calle. “Me parece muy bien que limpies un poco la ciudad... Pero ¿Te das cuenta que en este video estas poniendo a las personas en situación de calle en el mismo plano que la BASURA?”, escribió el legislador.

En defensa de los operativos de limpieza y de la decisión de Macri argumentó el ministro de Desarrollo Humano y Hábitat, Gabriel Mraida. “Estamos convencidos que la calle no es un lugar para vivir. Contamos con una red de 45 Centros de Inclusión donde acompañamos a cada persona a rearmar su proyecto de vida. Allí tienen un lugar donde dormir, comer y bañarse. También son asistidos por profesionales como psicólogos, asistentes sociales y médicos como parte del camino de acompañamiento para lograr su reinserción laboral y que puedan salir adelante”, explicó en redes sociales el funcionario.